Publicado en La Jornada
23 de agosto de 2024
Por Raúl Romero
En 2016, el EZLN y los pueblos originarios que se articulan en el Congreso Nacional Indígena (CNI) compartieron su diagnóstico: La ofensiva contra los pueblos no cesará, sino que pretenden hacerla crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos como pueblos del campo y la ciudad. Como extensión de la larga guerra de los 500 años, la guerra neoliberal tiene como uno de sus principales frentes antagónicos al movimiento indígena independiente, ese que en 1994 se colocó como sujeto de resistencia articulada a lo largo y ancho del país. Son los pueblos originarios los que en México reanimaron la lucha contra los proyectos de integración neoliberal, como el Plan Puebla-Panamá, luego renombrado Proyecto Mesoamérica. Pero la defensa del territorio trajo graves consecuencias. De acuerdo con datos recuperados por Zózimo Camacho, al menos 107 integrantes del CNI fueron asesinados de 1996 a 2018.
Alejados del canto de las sirenas y con una visión de largo plazo, el EZLN y el CNI conformaron un concejo indígena de gobierno que tuvo como intención irrumpir en el proceso electoral de 2018 para visibilizar la guerra contra los pueblos. No aspiraban al poder, ni a volverse un movimiento electoral, sino a atraer la mirada hacia la guerra, a propiciar el debate, a llamar la atención sobre la tragedia que se extendía por todo el país y sobre los pueblos originarios.
La llegada de una nueva administración en 2018 despertó esperanzas en gran parte de la población. Para el EZLN y el CNI no fue así. Pronto advirtieron que proyectos neoliberales eran retomados bajo nombres distintos: Tren Maya y Corredor Interoceánico materializaban lo que antes fue el Plan Puebla-Panamá. Además, vieron que las promesas comenzaban a ser traicionadas: el Proyecto Integral Morelos, rechazado en el pasado por el actual Presidente, se convertía en un proyecto necesario para la soberanía nacional. Y como punto culminante, la militarización, la cual debía continuar y extenderse.
El asesinato de Samir Flores, a dos meses de llegado este gobierno, fue señal de que las violencias contra los pueblos defensores del territorio no pararían. De acuerdo con datos del CNI, desde diciembre de 2018 y hasta octubre de 2023, 50 de sus integrantes fueron asesinados y seis más desaparecidos. En Guerrero, los nahuas organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata padecen los ataques de Los Rojos y Los Ardillos. En Michoacán, la comunidad nahua de Santa María Ostula resiste a las arremetidas del cártel Jalisco Nueva Generación en complicidad con mineras y gobiernos. En Sonora, la tribu yaqui vive la simulación de la justicia mediante planes que aceleran el saqueo del agua, al tiempo que asesinan y desaparecen a miembros de la tribu. En Chihuahua los pueblos rarámuris viven bajo el asedio de las corporaciones criminales. En Chiapas, que hoy es el epicentro de la guerra, aumenta el número de personas desplazadas de sus hogares y otros lamentables crímenes. En todos estos y otros casos, la mirada, acción o inacción cómplice de gobiernos locales, estatales y federal son la constante.
Los pueblos no sólo resisten a las corporaciones criminales, megaproyectos y militarización, también lo hacen al desdén y al neoindigenismo de la cúpula gobernante, a la especulación inmobiliaria, la contaminación de ecosistemas, al saqueo del agua. Para resistir a estos y otros problemas, los pueblos van al encuentro con otros pueblos y dialogan con gente y organizaciones de la ciudad. Eso ocurrió en la quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, a la que acudieron más de mil personas provenientes 24 estados y 10 países, así como 200 delegados del CNI. Ahí estuvieron integrantes de los pueblos ñhöñhö, purépecha, mixe, mayo, wixarika, yoreme, nahua, yaqui, mazateca, mixteca, totonaco, popoluca, nuu savi, maya, tepehuano, guarijío, rarámuri, nayeri, tzeltal, tololabal, zapoteco, tohono odam y bini zaa. La asamblea se convirtió en un encuentro del movimiento indígena independiente del campo y la ciudad, que, junto con organizaciones y colectivos por vivienda digna, de mujeres, ecologistas, de clase y de distintos sectores e identidades, logró articular un importante bloque anticapitalista que ha venido creciendo. Nacida en Puebla, estas asambleas pasaron ya por Tlaxcala, Querétaro y la CDMX. En su proceso de reflexión, llegaron a la conclusión de que defender el agua es defender el territorio y la vida, y que la lucha por esto es la lucha contra el sistema.
El movimiento indígena independiente y las organizaciones anticapitalistas que los acompañan han tomado la palabra para decir: Estamos aquí quienes coincidimos en seguir en la lucha por la vida, desde abajo, contra la explotación capitalista bajo los nuevos rostros que adquiere. A pesar de los intentos por eliminarla, el abajo y a la izquierda se sigue reagrupando.
*Sociólogo
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