Publicado en Desinformémonos
28 de junio de 2024
Por Josué Valente Rosales
A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador generó una narrativa de transformación social con el lema “primero los pobres”, en el acontecer de la cotidianidad las comunidades indígenas siguen sumidas en la miseria. Decenas de familias numerosas viven al día con 300 pesos semanales, la niñez muere por parasitosis porque los centros de salud más cercanos están a 5 horas, mientras las empresas extractivas explotan minerales con ganancias exorbitantes, dejando tierras devastadas y personas enfermas por los químicos. Los pobres tienen que sobrevivir en medio de la galopante violencia, las desapariciones, el desplazamiento forzado, y cuando alzan y defienden la vida no sólo son reprimidos, sino que son acallados asesinándolos.
El cambio de gobierno no implica lo mismo para las estructuras de poder. Los vicios de gobiernos anteriores prevalecen arraigados en las instituciones. Las mismas autoridades son los artífices del despojo de los territorios indígenas. No es propio de un gobierno de “izquierda” o de una cuarta transformación. Es cierto, hay algunas reformas con rostro humano, pero siempre en el fondo hay un proyecto de muerte.
El miércoles 19 de junio de 2024 autoridades comunitarias del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería y la Reserva de la Biósfera (CRAADET) se reunieron con funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), del Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Unitario Agrario (TUA) para exigirles el registro de sus reglamentos y estatutos comunales de San Miguel del Progreso, Tilapa, Colombia de Guadalupe, Tenamazapa y San José Vista Hermosa de los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa e Iliatenco, donde se prohíbe todo tipo de despojo y explotación a los bienes naturales. Sin embargo, las autoridades no quieren reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicano, a su libre determinación y autonomía.
No es novedad que un Estado capitalista le brinde todo el apoyo a las empresas mineras dejando de lado a los pueblos indígenas, tampoco es una novedad que esto suceda en el gobierno de la cuarta transformación. El periodista Cervantes, (2023), del periódico El Sur, documentó el 5 de octubre del 2023, una manifestación que se llevaba a cabo en la capital de Guerrero que encabezaban comunidades de la Montaña y la Costa Chica del estado, esto debido a que el Registro Agrario Nacional (RAN) se reusaba a registrarles los estatutos comunales y ejidales. Lo único que recibieron fue un rotundo rechazo de la dependencia federal, que en su postura buscaba proteger el mercado de las empresas mineras.
Hay un doble discurso del este gobierno porque por un lado soba la espalda a los pobres y por otro entierra los colmillos a los pueblos indígenas con sus proyectos desarrollistas, condenado a las cadenas del modelo económico capitalista. En esta tesitura, la Secretaría de Economía, (2019), señala que en todo el país se registraron 3 mil 123 unidades económicas en Minería, en lo cual destacan Puebla (732), Guerrero (307) y Querétaro (205).
Sin embargo, la minería es el motor de la devastación del medio ambiente y propicia el desplazamiento forzado interno. Guerrero es uno de los estados con más unidades mineras, pero también con muchas familias desplazadas. En los Bienes Ejidales de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, más de la mitad de la población se ha desplazado y la explotación minera ha terminado con la vida de los bosques de pino y encino, manantiales y animales.
Con la legitimidad de 30 millones de votos el presidente impulsó el tren Maya, dañando gran cantidad de selva y cenotes. Fueron afectados 1,500 kilómetros de reservas naturales protegidas, un ecocidio denunciaron varias organizaciones según (Expansión, 2024). A esto se suma la refinería de “Dos Bocas”, la cual fue construida sobre 600 hectáreas de la comunidad del municipio de Paraíso en Tabasco. Tourliere (2021) de la revista Proceso, dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la Secretaría de Energía (SENER) impulsó el megaproyecto sin siquiera preocuparse por las afectaciones que este podría tener en el medioambiente y otorgó permisos para la refinación sin contar con la documentación necesaria otorgada por PEMEX para la protección ambiental.
A pesar de estos proyectos desarrollistas las comunidades indígenas se encuentran en la pobreza. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ([INEGI], 2022) reportó el 36.3% de pobreza en México siendo los estados del sur los más afectados. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Guerrero, Oaxaca y Chiapas continúan presentando pobreza en más de la mitad de su población, siendo sus principales carencias en 2020, el acceso a la seguridad pública, a servicios de salud, a servicios básicos de la vivienda, a la alimentación nutritiva y de calidad, a calidad y espacios de la vivienda, y con un gran porcentaje de rezago educativo.
Aunque el discurso del presidente sostenga que no hay represión y abogue por la libertad de expresión, usa a las fuerzas policiacas que lejos el proteger a la población civil, busca proteger los intereses de empresas privadas a cualquier costo. Sánchez, (2024), del periódico La Jornada, documentó el 20 de junio de 2024, una manifestación de campesinos en defensa del agua, en Veracruz, donde mantenían bloqueada la carretera Perote-Puebla para expresar su inconformidad contra la empresa “Granjas Carroll”, porque ha contaminado cuerpos acuíferos e impide el paso del agua a terrenos dedicados a la agricultura. Ante la represión, dos manifestantes perdieron la vida a manos de los elementos de Secretaría de Seguridad Pública, quienes amedrentaron, golpearon y abrieron fuego contra los campesinos.
Hubo cambio de gobierno, pero las estructuras de poder y la continuidad del modelo económico capitalista sigue intacto. Desde el inicio su narrativa maquiavélica fue crear un enemigo: los conservadores. Sin duda existe, pero mete al mismo saco a quienes luchan por la verdad, la justicia y la desigualdad. Los pobres siguen muriendo, son víctimas de la violencia de Estado y de los grupos de la delincuencia organizada. La revolución institucionalizada o la cuarta transformación solo es la cortina de humo para apaciguar las revueltas y acallar a quienes luchan por mundos otros. La resistencia de los pueblos originarios, los más pobres, van a seguir dando la batalla más allá de la cuarta transformación, pues son ellos los verdaderos protagonistas de los cambios sociales profundos de nuestro país.
*Estudiante de psicología de la UNAM