Publicado en Somos el Medio
8 de noviembre de 2024
Por Redacción / @Somoselmedio
México enfrenta una grave crisis de violencia contra defensores de derechos humanos, con 225 asesinatos en seis años. Un nuevo informe denuncia la impunidad y militarización que agravan el riesgo para quienes luchan por el territorio, el medio ambiente y los derechos civiles.
En el marco de la celebración del Día de Muertos, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) presentó los resultados de su monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas”, un estudio sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México. El informe abarca el periodo de diciembre de 2018 a octubre de 2024, durante el cual se documentaron 252 atentados a la vida contra defensores de derechos humanos en el país, de los cuales 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones.
Este trabajo de monitoreo, respaldado por organizaciones de derechos humanos como la Red TDT y el Comité Cerezo, revela la magnitud de una crisis que amenaza gravemente la labor de quienes defienden el territorio, los derechos civiles y el medio ambiente. La presentación de estos datos tiene como propósito honrar la memoria de las personas que han ofrendado su vida en defensa de los derechos humanos, además de exhortar al Estado y a la sociedad a actuar frente a una creciente violencia.
Violencia letal y amenazas en la Cuarta Transformación
El estudio subraya que, desde el inicio de la actual administración, periodo denominado de la Cuarta Transformación, 225 defensores fueron asesinados en México. En al menos 42 de estos casos, las organizaciones acusan al Estado mexicano de ejecuciones extrajudiciales. Las principales luchas de las personas asesinadas fueron la defensa del territorio y de los derechos civiles, con 94 defensores del medio ambiente y 85 de derechos políticos asesinados, lo que representa el 80% de los asesinatos documentados.
La violencia se concentra en el sur del país. Oaxaca se destaca como el estado más peligroso para las personas defensoras, con 58 asesinatos, seguido por Guerrero con 39 y Chiapas con 17, sumando 114 asesinatos en el sur-sureste. Además, los defensores indígenas y campesinos son particularmente vulnerables: el 62% de los asesinados eran indígenas y el 57% campesinos. Estos datos evidencian un contexto de racismo y discriminación, en el cual el activismo indígena y campesino se enfrenta a barreras estructurales.
El informe también arroja que la desaparición forzada sigue siendo una táctica utilizada para inhibir la defensa de derechos humanos. De los 252 atentados registrados, 51 personas fueron víctimas de desaparición forzada; de estas, 23 permanecen desaparecidas. Los estados de Sonora y Oaxaca presentan los casos más destacados de desapariciones entre comunidades indígenas, como los yaquis en Sonora y mixtecos en Oaxaca.
En algunos casos, las desapariciones están vinculadas a poderes locales y autoridades del partido Morena, como ha ocurrido en municipios de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esta situación, según el estudio, contrasta con sexenios anteriores, donde las autoridades federales eran más comúnmente señaladas por las agresiones. La persistencia de estos ataques sugiere un debilitamiento de los organismos de protección a nivel estatal y federal, y un refuerzo de la impunidad.
Impunidad y militarización: una estrategia fallida
El reporte de EDUCA denuncia que, lejos de mejorar, la seguridad para las personas defensoras ha empeorado. Las políticas de militarización y de impunidad han contribuido a un entorno hostil para los activistas. Organizaciones como Front Line Defenders y ONU-DH que colaboran en este monitoreo insisten en que el Estado debe asumir su responsabilidad para proteger efectivamente a quienes defienden los derechos humanos, así como para garantizar justicia y seguridad en el país.
En palabras de EDUCA, este informe representa solo la “punta del iceberg” de las agresiones, que responden a un entramado de poder y dominación profundamente arraigado en el contexto mexicano. Bajo este marco de violencia estructural, el estudio recalca la necesidad de reforzar las denuncias y las medidas de seguridad para las personas defensoras.
Komentar