Publicado en Camino al Andar
5 de marzo de 2023
Por Alberto Colin Huizar
El pasado 19 de febrero, debajo del puente de la paz en la ciudad de Frankfurt, Alemania, se reunieron decenas de activistas antifascistas, colectivos de familias y organizaciones de izquierda para conmemorar el tercer año de la masacre perpetrada en la localidad de Hanau. En este puente se encuentra un mural con los rostros y nombres de las nueve personas asesinadas: Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Said Nessar El Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu y Vili Viorel Păun. Una frase que acompaña dicho mural sentencia: el racismo mata. Este acontecimiento que tuvo un fuerte impacto en la sociedad alemana, muestra la continuidad histórica de la violencia racial en este país.
El ataque fue realizado a sangre fría por un tirador identificado por el gobierno alemán como un “neonazi”, quien acudió a dos bares de la ciudad de Hanau y disparó directamente sobre algunas personas, específicamente contra aquellas no blancas y racializadas. Después de cometer los homicidios, volvió a su domicilio donde terminó con la vida de su madre y posteriormente se suicidó. La investigación judicial determinó que fue un acto racista y xenófobo en “solitario”, pues el autor del crimen expresó en una carta su deseo de “exterminar” a cierta población “extranjera” por un supuesto plan de conspiración claramente inspirado en ideologías de extrema derecha. Como suele suceder en estos casos, las autoridades alemanas patologizaron los actos violentos del agresor para individualizar y despolitizar su acción y evitar que el reclamo social por justicia fuera más allá. El asesino murió y el caso fue cerrado. La impunidad estaba garantizada.
Sin embargo, este suceso avivó el debate sobre la intolerancia y el racismo que permea toda la estructura social alemana y sus instituciones, entre ellas, la policía y el aparato de impartición de justicia. Las familias de las nueve víctimas se organizaron desde el inicio en un colectivo llamado Iniciativa 19 de Febrero[1]. Desde este espacio político de organización como familiares de víctimas, evaluaron la respuesta de la policía local, del peritaje y la propia investigación. Rápidamente descubrieron que el día del atentado, la central de atención telefónica de auxilio ignoró las llamadas tras el primer tiroteo, pues los elementos policiacos llegaron mucho tiempo después del atentado, a pesar de la frecuencia y urgencia de las llamadas.
En su propia investigación, también alertaron que los bares donde se realizaron los ataques tenían cerradas las puertas de emergencia, contrario a la normatividad local que indica que dichas puertas deben permanecer siempre abiertas para situaciones de riesgo. Estas salidas de emergencia estaban bloqueadas al momento del ataque y nadie pudo huir por allí. Esto no fue una casualidad. Los familiares descubrieron que existe una especie de convenio informal entre la policía local y los dueños de los bares para mantener cerradas estas puertas y que las personas no puedan escapar cuando hubiese operativos para detener personas, principalmente gente proveniente de familias migrantes, aquellos que son “sospechosos” para la policía por el solo hecho de tener un color de piel distinto.
Estos elementos configuraron una narrativa crítica en torno a la participación estatal que buscó ocultar la verdad. Por ejemplo, las autoridades trataron de encubrir los grupos fascistas organizados y su colaboración con la policía y los jueces, lo cual no fue ni siquiera enunciado por el discurso gubernamental hasta tiempo después que los grupos de izquierda hicieron presión. Los medios de comunicación trataron de aminorar la gravedad del acontecimiento, pero la noticia persistió y se mantuvo constante durante casi un año. La sociedad civil discutió con mayor profundidad temas de racismo e intolerancia en un país diverso que lleva varias décadas recibiendo personas de diferentes pueblos de Medio Oriente y África. Por su parte, algunas universidades impulsaron nuevas investigaciones sobre el carácter racista en la implementación de justicia y el perfil sociocultural de los miembros de la policía alemana y su relación con grupos fascistas.
En este tercer año de conmemoración de la masacre de Hanau, los familiares de las víctimas de la Iniciativa 19 de Febrero fueron muy claros: la violencia racial es un problema estructural, porque “el racismo está en todo el sistema, vestido de policía y de juez”, como declaró una madre de familia en su discurso ante poco más de dos mil personas que nos reunimos en la plaza central de Hanau para realizar una marcha en las calles de la localidad. Un día antes, se realizaron manifestaciones en al menos diez ciudades de Alemania, muchas de ellas integradas por organizaciones estudiantiles y de jóvenes antifascistas, así como distintas minorías étnicas que habitan Alemania, entre ellas organizaciones turcas y kurdas de izquierda. En Frankfurt, por ejemplo, por la mañana se realizó un homenaje a las víctimas en el mural conmemorativo y después una marcha por el centro financiero de la ciudad hasta la explanada del teatro de la ópera.
Para las activistas con las que pude conversar, las movilizaciones para no olvidar la masacre en Hanau tienen dos sentidos. Primero, un día antes del 19 de febrero se suelen realizar manifestaciones que se caracterizan por una confrontación directa con el Estado, para exhibir sus violencias, exigir justicia, expresar la rabia y el enojo frente a la impunidad que se quiere establecer como norma. Por ejemplo, este año salieron a las calles cientos de personas en Frankfurt que gritaron consignas, arrojaron pintura al edificio de la fiscalía y se confrontaron con la policía. El día que se conmemora la masacre, la gente tiende a salir a las calles para manifestarse pero, sobre todo, para acompañar a las familias, ofrecer un abrazo solidario y portar pancartas con los rostros y nombres de las víctimas. El ambiente tiene un tono de duelo, de dolor mezclado con algo de tristeza. Se guardan minutos de silencio durante la marcha y se trata de exaltar la memoria.
Ciertamente ha disminuido la población que acude a este tipo de eventos. En 2022 el número de asistentes fue prácticamente el doble, la plaza estaba abarrotada y la marcha fue mucho más nutrida. Parece que el olvido gana la batalla en un país donde se habla más de la guerra entre Rusia y Ucrania que el genocidio contra el pueblo kurdo, donde Alemania tiene un papel relevante en su apoyo al Estado Turco. Este aspecto no es casualidad. Un par de víctimas en Hanau eran descendientes de inmigrantes kurdos, una de las poblaciones más estigmatizadas en Alemania. Desde hace décadas, la diáspora kurda se ha organizado políticamente en cada ciudad donde habitan las familias que participan en el movimiento de liberación de Kurdistán. La comunidad de origen kurdo se agrupa en torno a diferentes consejos civiles y asociaciones políticas de distinta naturaleza, aliadas al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), organización definida como terrorista por el Estado alemán. Desde estos espacios han tratado de resistir la violencia y la persecución sistemática.
De alguna manera, que hayan sido objetivo del ataque no es un hecho aislado, es indicio de un racismo anti kurdo construido históricamente en el seno de la sociedad, una suerte de odio cultivado hacia sus formas políticas y culturales. El menosprecio de sus vidas por parte del gobierno alemán sugiere que no todas las vidas valen igual y, por lo tanto, existe una atención desigual hacía la búsqueda de verdad y justicia. Este es un efecto de la ideología racista que “ha constituido la sombra siempre presente sobre el pensamiento y la práctica de las políticas occidentales, sobre todo cuando se trata de imaginar la inhumanidad de los pueblos extranjeros y la dominación que debe ejercerse sobre ellos”, como apunta el análisis de Achille Mbembe. Quizá esto pueda explicar porque se ha desvanecido el masivo respaldo social hacía las víctimas.
Frente a este escenario, esa tarde fría en la plaza de Hanau, previo a la marcha central encabezada por las familias, se realizó un mitin donde los integrantes de Iniciativa 19 de Febrero tomaron la palabra entre llantos y declaraciones llenas de rabia. Denunciaron la criminalización que han sufrido por parte del Estado alemán en su labor para combatir el olvido. Comentaron que ha sido muy complicada la gestión para instalar un monumento en honor a las víctimas de la masacre, pues el gobierno local ha obstaculizado la realización de tal acción. La participación de músicos solidarios, el rap de protesta y la poesía fueron elementos que intercalaron la palabra de las familias. La consigna central enunciada por una madre de una de las víctimas hizo eco en todos los asistentes y sintetiza el corazón de esta lucha por la memoria: “no olvidamos, no perdonamos”.
Mientras marchaba por Hanau reflexionaba que al ser habitante de un país como México con altos índices de violencia delictiva, con una espeluznante cifra de más de cien mil personas desaparecidas, alrededor de ochenta homicidios por día y una nueva masacre casi cada mes, nuestra percepción sobre estos episodios ha transformado profundamente la forma en que entendemos la memoria. Este es un campo de lucha imprescindible que tratamos de sostener mientras que el Estado apela al olvido y a la criminalización de las personas asesinadas. Aunque no tendría sentido hacer una comparación con México porque el despliegue de las violencias es muy diferente en muchos sentidos, en Hanau y en el Sur global, resalta la fortaleza de las familias en esta lucha, principalmente las madres, hermanas, abuelas, tías, primas, amigas, que cada día nos enseñan que la lucha por nombrar a las víctimas, poner el cuerpo y el amor ante el dolor, así como apelar a la memoria como acto político son herramientas imprescindibles en la lucha por verdad y justicia.
[1] Toda la información se puede encontrar en su sitio web: https://19feb-hanau.org/
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