Publicado en Camino al andar, 1 de junio de 2021.
Foto: Isain Mandujano
El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al estado mexicano por violentar la integridad personal, la dignidad, la vida privada, la prohibición de tortura, la no discriminación por género, la libertad personal y las garantías judiciales de once mujeres, en el caso “Víctimas de tortura sexual en Atenco vs México”. La Corte concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad se caracterizó por el uso ilegítimo, indiscriminado y excesivo de la fuerza en contra de manifestantes pacíficas, a quienes agredió mediante tortura sexual. Enfatizó que la tortura de las mujeres detenidas fue usada como una forma de control social, instrumentalizando sus cuerpos como herramientas para transmitir mensajes de represión de los medios de protesta, para dispersar la misma y para asegurar que no se cuestione la autoridad del Estado. Es absolutamente inaceptable este proceder para mantener el orden público, dijo la Corte (CIDH, 2018). Sabemos que uno de los componentes de la reparación del daño, en estos casos, es la garantía de no repetición.
Pues bien, el 18 de mayo de 2021, el gobierno de Chiapas desplegó un operativo con el que sus agentes de seguridad quebraron la posibilidad de no repetición, ordenada por la CIDH, y abrieron un caso más de responsabilidad internacional de México. Esto se repite a lo largo del territorio mexicano, debido a que aquí, en nuestro país, el sistema de justicia penal es uno que, más que buscar la verdad y la reparación de daños, opera como dispositivo de control social, de reproducción de exclusión social y de violencia contra las mujeres.
En un operativo policiaco de gigantescas proporciones, agentes de seguridad gasearon, detuvieron, torturaron y privaron ilegalmente de la libertad a 95 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá (Cerro de las Once Estrellas), 74 mujeres y 19 hombres. La Mactumactzá, emergida del proceso revolucionario en la primera década del siglo XX, se ha caracterizado por la precariedad con la cual subsisten las normales rurales y por la hostilidad que las instituciones del Estado tienen hacia ellas (Ver Tanalis Padilla https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/23/politica/mactumactza-en-la-mira-tanalis-padilla/ y el articulo de Lus Hernández Navarro https://www.jornada.com.mx/2021/05/25/opinion/015a1pol).
Aquel día, las y los estudiantes tomaron las casetas en la autopista San Cristóbal-Chiapa de Corzo para exigir un examen presencial que, de existir pertinencia cultural en las políticas públicas educativas del gobierno de Chiapas, habría sido concebido así desde el principio ante la falta de acceso de las y los estudiantes a herramientas tecnológicas y conocimientos para su aplicación. Chiapas es una de las entidades federativas con mayor composición poblacional indígena y con mayores índices de pobreza en México. A partir de esta acción, jóvenes con proyectos de vida ligados a la posibilidad de estudiar, de formarse profesionalmente y de ejercer sus derechos a la libertad de reunión y a la educación con pertinencia cultural para construir un futuro, se convirtieron, por obra de la intervención estatal, en “delincuentes” capaces de cometer atrocidades como motín, robo con violencia, ataques a las vías de comunicación, etc. Como en Atenco, los cuerpos de las jóvenes estudiantes fueron utilizados para amedrentar, aterrorizar, dispersar la protesta y mandar un mensaje de autoritarismo por parte de las instituciones que les deberían de garantizar la máxima protección.
Las compañeras denunciaron agresiones sexuales como tocamientos y desnudamientos. Como en Atenco, estas acciones precedieron la puesta a disposición de las jóvenes ante la Fiscalía General del Estado y, posteriormente, del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Como en Atenco, el dispositivo de represión social abarcó la estigmatización pública de las y los jóvenes. Las autoridades que deberían buscar la verdad histórica, la inventaron, otra vez, como con los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tramaron relatos en los que jóvenes estudiantes provenientes de contextos de alta marginalidad y racismo, se convierten en “pandilleras”, en “vándalas”. Mediante una espectacular estrategia mediática, el gobierno intenta colocar en el sentido común la idea de que estas estudiantes son “basura social”, lo hace para tratar de sostener una legitimidad que está en crisis hace tiempo.
Cuando un gobierno no mantiene su legitimidad a través del consenso, utiliza la violencia. Esto es lo que ha sucedido en el caso de la “Mactu”, en medio de un circo electoral, la FGE y el PJE son empleados por la elite gubernamental para criminalizar la protesta social que pueda afectar su imagen pública. Ponen por encima del derecho a la educación en condiciones de igualdad sustancial esa imagen. Además, utilizan un modus operandi compuesto por la fabricación de delitos, la “siembra” de armas prohibidas, de drogas; y la tortura, figuras que se encuentran enquistadas en la cultura y las prácticas de los operadores jurídicos de estas instituciones. De ello existe amplia documentación: Las mujeres de una familia originaria de Chictón, Chiapas, en la incompetente búsqueda por parte de la FGE del niño Dylan, de pronto se convierten en “tratantes de niñas y niños”, cuando en realidad son parte fundamental de unidades familiares indígenas trabajadoras; mujeres que oponen legítima defensa frente a violencia feminicida que nunca fue atendida por las autoridades, se convierten en “asesinas” (archivo, Colectiva Cereza). En un país atravesado por la violencia estructural, el racismo y la violencia contra las mujeres, el aparato de justicia, como dijimos, se convierte en un dispositivo de control social que oprime a sectores de población históricamente excluidos, como son las mujeres indígenas y los pueblos originarios.
Sin embargo, “si tocan a una, respondemos todas”. El movimiento organizado de mujeres reaccionó de forma inmediata, entró a la disputa por remover ese relato oficial estigmatizante y su materialización. Desde distintos puntos de la República, de Latinoamérica y del mundo entero, el movimiento se articuló en torno a una estrategia mediática y de acciones directas para exigir la libertad inmediata de las compañeras. Para nombrarlas como lo que son: nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras compañeras, nuestras estudiantes. La confluencia de saberes, les hizo reclamar que la libertad debía ser absoluta, sin artimañas “legaloides”, sin condiciones y la lucha sigue porque las cúpulas gubernamentales, temerosas de que se vea afectada su imagen en tiempos electorales, ante la conmoción causada por la indignación de ver a nuestras estudiantes reprimidas, abusadas y encerradas, ha otorgado una libertad condicionada. No queremos sus condiciones, queremos toda la justicia para todas, exigimos garantía de no repetición. Nos queremos vivas y libres.
[1] La Colectiva Cereza es una colectiva feminista que acompaña psicosocial y jurídicamente a mujeres en reclusión y a su salida. Facebook: colectiva cereza chiapas
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