Publicado en Avispa Midia
18 de octubre de 2024
Por Sare Frabes
En portada: Familias tzotziles de Chalchihuitán, desplazadas por la violencia de grupos criminales en la región Altos de Chiapas. Foto: Cuartoscuro
El ex titular del Registro Agrario Nacional (RAN), Plutarco Emilio García Jiménez, pocos días antes de dejar su cargo, a principios de octubre, admitió que, por lo menos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa, ha habido “apropiación de tierras ejidales y comunales por parte de la delincuencia” organizada, y que ha habido desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas, sobretodo en Chiapas.
Las declaraciones fueron dadas por García Jiménez momentos antes del lanzamiento del Atlas de la Propiedad Social de la Tierra en México 2024, en Morelos, que concluye que un poco más del 50% del territorio mexicano continúa siendo constituido por propiedad social – ejidos o comunidades-, donde se encuentran poco más de 5.4 millones de sujetos agrarios y sus familias.
Gran parte de los recursos naturales se encuentran dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. 68 pueblos indígenas viven en estas tierras.
Familias de la región fronteriza entre Guatemala y Chiapas huyeron rumbo al país centroamericano debido a la exacerbación de enfrentamientos
entre grupos del crimen organizado.
Alertas y denuncias sobre la acción de estos grupos, realizados por organizaciones de derechos humanos y de las comunidades y pueblos en todo el México, se han intensificado en los últimos años, especialmente en las regiones sur-sureste del país donde el gobierno federal ha implementado una reestructuración territorial impulsada por megaproyectos, como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico.
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Recientemente organizaciones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero – entre ellas Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas - realizaron un foro público regional, en Oaxaca, para denunciar la situación. “Contamos con características y denominadores comunes en los tres estados del sureste del país, nuestras principales fortalezas y conquistas históricas han sido la propiedad social de la tierra y nuestro sistema de organización colectivo, basado principalmente en la toma de decisiones colectivas mediante nuestras asambleas comunitarias”, sostienen en un comunicado.
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La grave situación de violencia social ha sido desencadenada por el despojo de “nuestros bienes comunes”. “La mayor presencia de la delincuencia organizada se está concentrando en las regiones de imposición de proyectos extractivos, tal es el caso de proyectos mineros, eólicos, gasoductos, ampliaciones de carreteras (en Guerrero, Chiapas y Oaxaca). A quienes estamos en oposición a dichos proyectos, nos asesinan, desaparecen, criminalizan y deslegitiman”, dicen.
Organizaciones sociales y de derechos humanos han registrado violencia y criminalización contra comunidades indígenas que protestan ante la imposición del
Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
La desaparición de jóvenes y mujeres, los asesinatos, cobro de cuotas, desplazamientos forzados, falta de resolución de conflictos y mayor presencia de grupos armados y delincuencia organizada en las comunidades “son muestra de dicha situación”.
Además, sostienen, existe impunidad y no acceso a la justicia a personas defensoras que han sido agredidas por grupos paramilitares, de choque, delincuencia organizada “que se mueve al amparo de la impunidad”.
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Solamente en Chiapas, a partir de diversos informes, se han documentado la cifra de 21 mil indígenas desplazados en los últimos dos años, el asesinato de 176 personas defensoras durante este sexenio, el reclutamiento de jóvenes, la violencia generada en el último proceso electoral, además de la criminalización contra integrantes del movimiento social.
“Las consecuencias de la imposición de dicho modelo, la negligencia de gobiernos estatales y federales y la impunidad han sido la normalización de la violencia, la contaminación irreversible del medio ambiente, una crisis profunda del agua en la región sureste, la pérdida de la flora y la fauna, el control territorial por parte de empresas y crimen organizado, la apatía ciudadana, el miedo generalizado en nuestras comunidades, fracturas comunitarias, además de graves afectaciones a nuestro tejido social”, señalan.
Las organizaciones y comunidades hacen énfasis en el hecho de que apuestan en un modelo de sociedad en el que los bienes comunes son prioridad, la propiedad social de la tierra, la integridad de los territorios, el fortalecimiento del tejido social. “Este modelo se encuentra en clara confrontación con el modelo neodesarrollista, marcado por la violencia, los asesinatos, la criminalización, la obstaculización de instancias agrarias al reconocimiento de los estatutos y reglamentos internos de las comunidades y la militarización de nuestros territorios”.
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