Publicado en Camino al Andar
13 de julio de 2024
Por Misión Civil de Observación
Hermanos y hermanas que luchan abajo y a la izquierda por un mundo donde la justicia, libertad y democracia sean una realidad. Los colectivos y organizaciones que realizamos la Misión Civil de Observación de la Sexta el pasado 3 de julio con la comunidad indígena Otomí residente en la CDMX, dejamos estas primeras observaciones hechas a las afueras de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”.
Les queremos pedir que hagan uso de éstas, para que desde sus geografías puedan solidarizarse con la comunidad Otomí, presionando al gobierno de la Ciudad de México, a través de correos, en las embajadas o como sean sus modos y formas, para que no reprima ni criminalice las justas demandas de la comunidad Otomí.
Sin más, reciban un abrazo solidario de quienes realizamos ésta Misión Civil de Observación de la Sexta.
OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN DE LA SEXTA, REALIZADA EN LA COMUNIDAD OTOMÍ RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos
9 de julio de 2024
El pasado 3 de julio de 2024, se realizó una Misión Civil de Observación a la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”. Dicho lugar, ubicado en la Avenida México-Coyoacán #343, Xoco, de la alcaldía Benito Juárez, fungía como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo, desde hace poco más de 3 años 9 meses, fue ocupado por la comunidad indígena Otomí, un día 12 de octubre de 2020 y renombrado como Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores Soberanes”, por decisión colectiva como alternativa a la indiferencia permanente, como respuesta al abandono y discriminación que han vivido a lo largo de varias administraciones.
La comunidad Otomí, originaria de Santiago Mexquititlán, en Amealco, Querétaro, desde su llegada a la Ciudad de México hace más de 30 años, ha sostenido la exigencia de vivienda digna, el acceso al trabajo, a la salud, educación y demás derechos constitucionales; sin embargo, solo han obtenido desprecio y discriminación por parte del gobierno de la Ciudad de México.
Desde que se ocupó el INPI, el gobierno ha dado respuestas contradictorias y de distintas dimensiones, por un lado promete resolver las demandas de la comunidad indígena Otomí, pero por el otro ha intentado desalojarlos por la fuerza o realizado prácticas inhumanas, tales como el corte de luz lo que ha provocado que no funcione el drenaje del edificio, lo que genera que las aguas negras se estanquen, resultado de esto ha sido que niños, niñas, adolescentes y personas adultas enfermen de infecciones estomacales, diarrea, dolor de cabeza y gripe. Lo anterior, aunado a la violencia que han sufrido por parte de la autoridad, siendo de las más fuertes el intento de desalojo del 16 de octubre de 2023, en la que hubo lesiones graves por parte de aproximadamente 300 policías de la Ciudad de México, en contra de la comunidad Otomí destacando que golpearon a mujeres, niñas, jóvenes y de la tercera edad indiscriminadamente.
Es por las condiciones anteriores que se realizó una Misión Civil de Observación, para documentar las condiciones en las que se encontraba la comunidad Otomí, que hasta el 5 de julio de 2024, estaban viviendo en la calle, a las afueras de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, por las condiciones de insalubridad e inseguridad del edificio, debido al corte de luz que la Comisión Federal de Electricidad realizó en contubernio con el Gobierno de la Ciudad de México. Si bien la luz puede ser reconectada, el gobierno de la Ciudad de México debe resolver las causas que llevaron a la comunidad Otomí a tomar las instalaciones de la Avenida México-Coyoacán #343.
A continuación, dejaremos algunas observaciones preliminares, pues nos parece urgente que se conozcan, debido a que hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México, hoy encabezado por el partido político Movimiento de Regeneración Nacional con el jefe de gobierno Martí Batres, no ha tenido la capacidad de resolver mediante el diálogo las demandas de la comunidad Otomí, todo lo contrario, ha realizado prácticas amenazantes tales como el corte de luz y la criminalización de los miembros de la comunidad; por si esto fuera poco, existe el riesgo de un desalojo violento, ya que el gobierno de la Ciudad de México, le puso como fecha límite a la comunidad indígena Otomí el 15 de agosto para desocupar las instalaciones tomadas sin que se haya resuelto ni una sola demanda a la comunidad. Nos parece trascendental destacar el papel de de Adelfo Regino Montes, titular del INPI, quien está obligado a entregar a la siguiente administración el edificio del INPI, sin embargo no sabe cómo hacerlo, mientras esté ocupado por la Comunidad, por lo que gran parte de las responsabilidad de la discriminación de que ha sido objeto la comunidad Otomí, el corte de luz, las carpetas de investigación y la falta de diálogo, con el gobierno federal, recae en su persona.
Es así que el 3 de julio de 2024 en una Misión Civil de Observación, se realizaron entrevistas, grabaciones de audio y video en acuerdo previo con la comunidad Otomí y mediante éstas pudimos documentar lo siguiente:
• Se enfrentan a condiciones insalubres debido a la falta de vivienda adecuada y el acceso limitado a servicios básicos en la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores Soberanes”.
• Tras los constantes cortes de luz, se afecta el suministro de agua potable y drenaje; esto provoca condiciones insalubres que originan enfermedades, tales como infecciones en el estómago, ojos, garganta y micosis en la piel. El corte de luz, les llevó a vivir en la calle, el descenso de la temperatura en la CDMX y las lluvias, provocan enfermedades en las vías respiratorias, gripes, principalmente en las infancias y en adultos mayores. Al mismo tiempo, existe una amenaza latente de que, como consecuencia del corte de servicios, el agua potable se combine con las aguas residuales del edificio, por lo que han restringido el uso de los servicios de saneamiento básico. Esto ha derivado en modificaciones de la relación con los alimentos, pues está en riesgo la estabilidad y disponibilidad de los mismos, lo que les ha negado el derecho a una buena nutrición. Aunado a lo anterior, es difícil llevar a los niños a la escuela debido a la falta de agua e higiene debido al corte de luz y miedo al desalojo.
• Han sido desalojados en distintos momentos de varios predios y hoy en día el gobierno de la Ciudad de México mantiene una postura de desgaste a la comunidad, pues por un lado simula espacios de diálogo, agenda fechas para reunirse con la comunidad Otomí, pero no se presentan las autoridades del gobierno de la Ciudad el día y hora agendadas.
• Durante el intento de desalojo del 16 de octubre de 2023, se enfrentaron a violencia física por parte de las autoridades, incluyendo el uso de balas por grupos de choque, fuego, golpes y actos de intimidación. Se ocasionaron lesiones graves en la cabeza y demás partes del cuerpo a niñas, mujeres, hombres y personas de la tercera edad.
• En cuanto a la salud mental, observamos afectaciones psicológicas por el temor de ser desalojados. Las sistemáticas violaciones a sus derechos humanos y constitucionales, les han provocado agotamiento mental, sus condiciones emocionales han provocado padecimientos como presión arterial y diabetes. Los intentos de desalojo, han repercutido significativamente en la salud mental de algunas personas que integran la comunidad Otomí, ello representado en dificultades para conciliar el sueño, estado permanente de alerta, ansiedad y una constante sensación de inseguridad.
• En el caso particular de las infancias, algunos niños presentan insomnio y miedo al desalojo, cuando escuchan sirenas de patrullas, los niños suelen estar inquietos y con temor.
• Enfrentan acusaciones falsas y represalias por parte de las autoridades, lo que obstaculiza su acceso a un proceso judicial justo y efectivo para abordar sus reclamaciones y demandas legítimas. Se han levantado denuncias en contra de miembros de la comunidad Otomí y también contra su representante Diego García Bautista.
La comunidad Otomí, enfrenta una serie de violaciones graves a sus derechos humanos, incluyendo, discriminación sistemática, violencia física, de género y psicológica, así como la falta de acceso a servicios básicos como lo representa la vivienda, alimentación, salud, educación y el trabajo. Estas condiciones subrayan la necesidad urgente de intervención y apoyo por parte de las autoridades para garantizar el respeto y la protección de sus derechos humanos fundamentales. Nos queda claro que un paso importante para dar solución a lo documentado, es escuchar las demandas de la comunidad y resolver el problema de la vivienda, consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en lo anterior, solicitamos al gobierno de la Ciudad de México:
Solución a la demanda de vivienda trabajo, educación, salud, alimentación, justicia, entre otras, de la comunidad indígena Otomí residente en la Ciudad de México.
Que se reinstale la mesa de negociación con la comunidad Otomí. Sabemos que han tenido mesas de diálogo, palabras y promesas de solución de parte de funcionarios del gobierno de la CDMX, pero que han sido incumplidas. Por eso es necesario que se reinstale la mesa de negociación y que se atiendan las demandas de la comunidad otomí principalmente la del derecho a la vivienda digna.
Que no se reprima a la comunidad Otomí. No creemos que la salida de esta situación sea la represión o el desalojo violento contra la comunidad -que ya está en proceso con el corte de luz y demás servicios básicos-, sino la atención de sus demandas, lo que representa la atención a sus derechos como seres humanos y constitucionales al ser ciudadanos mexicanos. Estaremos atentos y atentas a la respuesta de la autoridad de la Ciudad de México, organizaciones nacionales e internacionales, esperamos que la razón esté por encima de la violencia y que más allá de plazos para que la comunidad indígena Otomí desocupe las instalaciones de la Avenida México-Coyoacán 343, la autoridad debe resolver las justas demandas de esta comunidad. De la misma forma nos parece contradictorio que se les pretenda desalojar de lo que eran las Instalaciones del INPI, hoy llamadas Casa de los pueblos y comunidades “Samir Flores Soberanes”, cuya función era velar por los pueblos indígenas, creemos que en éste momento está siendo utilizada para tal fin por la comunidad Otomí.
Que se retiren las denuncias penales en contra de los miembros de la comunidad Otomí y contra su representante Diego García Bautista. Creemos que hacer uso de las instituciones del Estado para criminalizar a una comunidad o individuos, por el hecho de exigir mejores condiciones de vida, por pretender hacer uso de sus derechos constitucionales, por aspirar a vivir dignamente, son prácticas que se deben erradicar de cualquier institución y cargo público.
De no cumplirse estas peticiones, nos reservamos el derecho de acudir a otras instancias, nacionales e internacionales, para solicitar su pronto cumplimiento.
ATENTAMENTE
Colectivos y Organizaciones que realizamos la Misión Civil de Observación de la Sexta (MCO-S)
Contacto: mco.sexta@gmail.com
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