Publicado en RELAJU
24 de julio de 2024
Por RELAJU
Los y las académicas integrantes de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica en su sección México (Relaju-México) queremos expresar nuestro extrañamiento ante el reporte dirigido a las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en torno a los avances del caso y dada a conocer por el periodico La Jornada el 20 de julio pasado. El hecho de que la máxima autoridad del poder ejecutivo en México defienda y absuelva abiertamente al Ejército sobre su posible participación en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, cuando existe un proceso judicial abierto en torno al caso, podría conllevar una obstrucción de la justicia y una violación a la independencia del poder judicial.
Como investigadores que hemos documentado y analizado el impacto de la militarización en regiones indígenas y participado en la elaboración de peritajes antropológicos en espacios de justicia nacionales e internacionales, hemos constatado la participación directa de efectivos militares en casos de violaciones a los derechos humanos, por lo que nos sorprende la defensa ciega que el ejecutivo hace de dicha institución.
En el mismo informe el gobierno mexicano descalifica el trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) lo que pone en riesgo los avances logrados en torno a la investigación del caso. Asimismo, las afirmaciones que se hacen en torno al accionar ético de los representantes legales de las víctimas, no sólo es una forma de estigmatizarlos, sino que contribuye al contexto de vulnerabilización en el que trabajamos todos los defensores de los derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, se han destacado durante décadas por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y sus integrantes han puesto en riesgo sus vidas realizando este trabajo en contextos de violencias extremas. Utilizar como argumento para desvirtuar su trabajo el hecho de que reciban financiamiento de agencias estadounidenses, oculta que paradójicamente también han financiado varios programas gubernamentales en torno a temas forenses y de justicia, y abona a la campaña de desinformación que desde el poder ejecutivo se ha lanzado en torno al caso Ayotzinapa.
Como académicos y académicas comprometidos con el estudio y promoción de los derechos humanos, expresamos nuestra solidaridad a nuestros colegas y nos unimos a sus reclamos y a los de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes demandamos el cumplimiento de las promesas presidenciales hechas al inicio de este sexenio en torno a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición.
Red Latinoamericana de Antropología Jurídica
Sección México
22 de julio de 2024
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