Publicado en Camino al Andar
17 de febrero de 2025
Por  Héctor Zetina Vega** miembro de la Red Morelense en Apoyo al Congreso Nacional IndÃgena-CIG
El próximo 20 de febrero se cumplen seis años del asesinato de Samir Flores, activista nahua de Amilcingo, Morelos, y sÃmbolo de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos (PIM). No solo fue un crimen contra un defensor de la tierra, también un recordatorio de la violencia mortal que enfrentan quienes se oponen a los megaproyectos del capital transnacional en México, uno de los tres paÃses donde más asesinatos de ambientalistas ocurren en el mundo.
El PIM incluye dos termoeléctricas encargadas a la española Abengoa (una sin construir en Yautepec, con la empresa en proceso de liquidación en España) y un gasoducto de 160 km concesionado a las españolas Elecnor y Anagas, y a la italiana Bonatti. El gasoducto pasa por 60 comunidades cerca del Popocatépetl, en Puebla y Morelos, y zonas densamente pobladas en Tlaxcala. El megaproyecto también contempla un acueducto de 12 km que despojará a los pueblos campesinos que habitan en la cuenca del rÃo Cuautla de 50 millones de litros diarios de agua; incluye, además, la ampliación de las autopistas Siglo XXI y Pera-Cuautla (ya impuestas y generando ganancias para los concesionarios), la rehabilitación ferroviaria y la expansión de zonas industriales que desde hace tiempo afectan negativamente al ambiente y a la cohesión comunitaria de las poblaciones locales.
El 10 de febrero de 2019, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criminalizó en un evento público en Cuautla a los pueblos opositores, y a quienes les han acompañado en su lucha, calificándolos de "conservadores" y "radicales de izquierda", en un intento por deslegitimar la resistencia comunitaria frente al etnocidio y el ecocidio de Estado. El 20 de febrero de ese mismo año Samir Flores fue asesinado.
Radialista comunitario, integrante de la Asamblea de Amilcingo y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), Samir Flores fue uno de los lÃderes más visibles de esta lucha. El crimen permanece bajo la sombra de la impunidad, a pesar de que personas allegadas a él y organizaciones de derechos humanos, como AmnistÃa Internacional, han señalado la relación directa del móvil de su asesinato con su oposición al PIM. Por otra parte, la FiscalÃa de la República lo reconoció de hecho el año pasado al encargar a la FiscalÃa Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que atraiga el caso.
En estos dÃas, el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, ha sido removido de su cargo por el Congreso local. Este abogado fue colocado por Graco RamÃrez para ejercer el puesto durante nueve años, con la finalidad de que ese gobernador (2012-2018) estuviese protegido transexenalmente de la cárcel ante las acusaciones de enriquecimiento ilÃcito y corrupción, y por su responsabilidad en el caso de las fosas clandestinas descubiertas en Tetelcingo y Jojutla. Graco RamÃrez reprimió ferozmente a los opositores al megaproyecto fósil, pesando sobre él la acusación de la CNDH en el año 2023, 10 años después de los hechos, de ordenar la detención arbitraria y la tortura contra defensores de derechos humanos y pobladores de Jantetelco. Cuando se pensaba que no podÃa haber gobierno peor que profundizara el sacrificio ambiental y la crisis de violencia en esa entidad, López Obrador montó en su proyecto polÃtico a Cuauhtémoc Blanco como candidato a gobernador por un partido de ultraderecha cristiana (PES), aliado del obradorismo. El gobernador Blanco, hoy diputado federal de la bancada de Morena por vÃa plurinominal, enfrenta la amenaza de desafuero para ser procesado judicialmente por delitos graves, como intento de violación y delincuencia organizada. Ni en el caso del exfiscal, ni en el del exgobernador se menciona el sistemático encubrimiento de estos personajes a los responsables del asesinato del emblemático defensor de los pueblos campesinos y el territorio.
El modelo económico depredador, heredado de gobiernos anteriores, continúa en el estado de Morelos durante el llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Siguiendo el plan original de las administraciones panistas y perredistas que antecedieron a Morena, se impulsa, junto con el gobierno federal, el desarrollo de infraestructura que acompañe la generación de energÃa del PIM. Recientemente, la nueva gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció el proyecto ferroviario Pantaco-Cuautla-Jojutla y la ampliación de zonas industriales en distintos municipios.
Asimismo, la inclusión en la SecretarÃa de Desarrollo Sustentable (SDS) de un lobista de la Coca-Cola, por una parte, como desde su oficina misma se revela en las publicaciones de comunicación oficial [1], y, en la Comisión Estatal del Agua (CEAGUA), de un ex panista —ahora morenista— responsable como funcionario de gobiernos pasados de otorgar concesiones y permisos ilegales para proyectos inmobiliarios —asà como de convertir el Casino de la Selva, patrimonio cultural, natural e histórico de la ciudad de Cuernavaca, en dos supermercados y un estacionamiento [2]—, expone abiertamente la complicidad entre el poder polÃtico y económico en la violencia contra el medio ambiente y sus defensores; contra pueblos indÃgenas y campesinos, y contra la población en general que habita en las comunidades y ciudades donde se imponen y extienden las ramificaciones de un megaproyecto que se pretende utilizar como columna articuladora del sometimiento del territorio a los intereses de la industria transnacional. A pesar de haber presumido durante el periodo de campaña supuestos propósitos por mejorar los problemas socioambientales, el flamante gobierno con la primera mujer gobernadora en el estado repite las mismas prácticas neoliberales de sus antecesores, que revelan la intención de convertir en basura la historia de un pueblo que ha defendido por siglos su derecho al territorio e intentado proteger el delicado entramado de ecosistemas que permiten su supervivencia. AsÃ, lejos de representar un cambio, la nueva administración profundiza la subordinación de la región y sus habitantes a los intereses del capital.
Esta práctica se replica en el resto de México mediante la regresión normativa del extractivismo minero, impulsada en la actual administración federal en contubernio con la Suprema Corte. Asimismo, se extiende a planes inmobiliarios, polos de desarrollo industrial y megaproyectos, como la continuación de obras en el Corredor Interoceánico y en el ecocida tren militar de la penÃnsula de Yucatán, disfrazado de proyecto turÃstico para incautos.
A seis años de su asesinato, Samir se ha convertido en un sÃmbolo nacional e internacional de resistencia frente al ecocidio y el despojo. El Congreso Nacional IndÃgena (CNI), el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA MPT) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llaman a exigir justicia por Samir Flores Soberanes en una próxima jornada de lucha con resonancias internacionales. En Cuernavaca y otras ciudades del paÃs; asà como en otros paÃses, diversas organizaciones y personas haremos eco de este llamado. Su legado; como el de Vyn Flores, Rubén Jaramillo y el general Emiliano Zapata; nos advierte que la defensa de los bienes comunes no es solo tema del activismo ambiental, sino una lucha por la dignidad, la autonomÃa y la soberanÃa de los pueblos. En un contexto de impunidad y crisis climática y social sin precedentes, honrar la memoria de Samir es un llamado a poner el alto a un sistema que prioriza las ganancias sobre la vida. La amplia respuesta que ha recibido la convocatoria a estas jornadas de lucha nos indica que crece la conciencia sobre la necesidad de otro camino posible al que fatalmente pretende imponer el obsceno, genocida y patriarcal señor don dinero: el camino del Común.
¡Samir vive, la lucha sigue!
¡Agua sÃ, termo no!
¡Alto al genocidio del pueblo palestino!
*El presente artÃculo es una versión más extensa del originalmente publicado en La Jornada Morelos, el martes 11 de febrero.
**Académico universitario, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos y miembro de la Colectividad Nuestra Alegre RebeldÃa, de la Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG.
[1] Comentario sobre la liga a continuación: El plástico PET libera ftalatos, antimonio y compuestos similares al bisfenol A (BPA), que actúan como disruptores endocrinos, causando disfunción hormonal y aumentando el riesgo de distintos tipos de cáncer. En Morelos, el Decreto 451 prohÃbe plásticos de un solo uso, por lo que promover el consumo de agua embotellada con el fraude del reciclaje contradice la salud pública y la normativa ambiental. Por otra parte, que la actual gobernadora se preste a que su imagen pública sea usada para lavar de verde a una empresa acusada por el movimiento internacional BDS como promotora del genocidio en Gaza, y también por múltiples organizaciones de derechos humanos como parte de la maquinaria industrial de enfermedad social, es patético y traiciona la historia de esa izquierda a la que presume pertenecer.
Ver:
[2] Previo a la designación de Bolaños por Margarita González Saravia como titular de la Comisión Estatal del Agua de Morelos (CEAGUA), organizaciones de derechos humanos y de ambientalistas, colectivos y representantes de comunidades exigieron a la gobernadora que evitara integrar en su gabinete a este personaje de la polÃtica que les recordaba su actuar como operador y facilitador de las peores prácticas del ejercicio público contra el medio ambiente y los derechos humanos. Como era de esperarse, González Saravia hizo oÃdos sordos a esta exigencia.
Ver: